Para poner en justa dimensión lo que representa la salida de Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, basta plantear una pregunta: si el funcionario que fue el responsable del desmantelamiento de la obra más importante en materia de infraestructura pública de los últimos 14 años -el Nuevo Aeropuerto Internacional de México- renunció al cargo, ¿qué tan grave fue lo que observó cuando fue cedida a la Marina el control mercantil de los puertos?
Analizado de otra forma: ¿qué tan peligrosa es la nueva petición del mandatario federal que el responsable de la destrucción de un proyecto estratégico está vez dijo ‘es mucho y no puedo aceptar lo que me pide, presidente’? Esa es la base del análisis de la gravedad de esta nueva renuncia en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que considero tiene la medida”, escribió Jiménez Espriú en su carta de renuncia, atisbando la gravedad de lo que significa el nuevo capricho presidencial.
Y el capricho presidencial costará a la economía de México y su relación con otros países, porque con el control que tendrá la Marina de los puertos excederán los tiempos de revisión y se generará un caos en cuanto al retraso de todas las mercancías que entran al país por vía marítima.
Javier Jiménez conoce al presidente desde hace años. Fue un expriista y un empresario que colaboró con obras en el entonces Distrito Federal cuando el tabasqueño era Jefe de Gobierno. La esposa del exsecretario es hoy socia de una filial de Odebrecht y los conflictos de interés le han sido señalados de manera constante por opositores al actual régimen.
En la SCT no ejecutó mayores proyectos más que la destrucción de un aeropuerto estratégico por razones ideológicas, no compatibles con las económicas. Este acto, que perjudica el desarrollo internacional del país por años, lo hizo orgulloso, sin inmutarse. ¿Qué tan grave es entonces el nuevo paradigma que no decidió tomar?
López Obrador justificó su decisión de darle el control de los puertos a la Marina y no a la SCT en la corrupción e inseguridad. “Yo creo que, por la circunstancia actual, por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas y últimamente también por la entrada de contrabando y droga por los puertos, necesitamos además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección”.
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Pero este cambio ha preocupado sobremanera a la comunidad portuaria del país y a los empresarios de toda la cadena logística.
Ahora que la Marina tendrá el control de las concesiones y de los prestadores de servicio vendrán varios problemas, coinciden expertos. Por ejemplo, la rotación de mercancías en puerto demora de seis a siete días. En otros países solo se requieren tres días y no se llevan a cabo más trámites.
Si se incrementa el tiempo de las mercancías en los puertos por los trámites y revisiones excesivas, ocurrirá un congestionamiento portuario, si se altera ese ritmo y se incrementan las revisiones habrá un caos.
El tiempo de revisión es de minuto y medio o dos minutos, pero si se eleva de tres a cuatro minutos la estancia de un camión en la entrada formará una fila de kilómetros, porque el ritmo ya está estudiado igual que de los buques y con ello vendrá un retraso en la entrega de mercancías para todo el país.
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