Durante la semana por concluir, las autoridades mexicanas por medio de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Inteligencia Financiera (Hacienda) obtuvieron avances acaso sin precedentes para que comparezcan ante la justicia más temprano que tarde, tres hombres prominentes del sexenio que proclamó Mover a México por medio del llamado Pacto por México: Emilio Lozoya Austin, Tomás Zerón de Lucio y César Duarte Jáquez.
El exdirector general de Petróleos Mexicanos y encargado de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña, optó por no resistirse jurídicamente a la extradición a México, por lo que el traslado está en manos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), que ya fue notificada de la vía libre para activar el dispositivo para su entrega a las autoridades.
En el caso de Zerón –exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y copartícipe de la “verdad histórica”, la obra de Jesús Murillo para tergiversar los hechos que están detrás de la desaparición los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, ya fue ubicado en Canadá y comenzó el proceso para solicitar su extradición para que responda por los graves delitos que se le imputan.
Y, finalmente, el exgobernador de Chihuahua detenido en Florida, Estados Unidos, acusado por el desvío de 1 200 millones de pesos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional y que, al decir de Marcelo Ebrard, el caso “no formó parte de las negociaciones” realizadas con motivo de la visita del presidente Andrés Manuel a Washington. Y “tardó mucho tiempo” porque “encontramos un expediente hecho con muchas deficiencias”, como acostumbraban las autoridades ministeriales del sexenio anterior para que la impunidad prevaleciera.
Por lo menos en el primero y tercer casos estamos ante lo que Peña Nieto presentó como la “nueva generación de priistas”, en efecto, pero sumamente corruptos como su jefe que despachaba en Los Pinos y a quien durante el VI informe ovacionaron de pie una decena de ocasiones todos los invitados, los dueños de México incluidos. Y presuroso pero muy tardíamente Alejandro Moreno, el líder del vapuleado PRI, se deslinda: “en esta dirigencia no vamos a permitir ni vamos a solapar a nadie que cometa un acto de corrupción”. Todavía no se entera que en el ADN de su partido está la corrupción que Peña justificó como “un problema cultural” que por supuesto lo es y también histórico, estructural.
Fue una semana en la que la suma de esfuerzos entre la Fiscalía como órgano autónomo y dos secretarías del Ejecutivo federal arrojan resultados plausibles en las extradiciones de España, Estados Unidos y Canadá en proceso y que podrían reflejar el robusto compromiso de López Obrador para combatir la desenfrenada corrupción que caracterizó al sexenio anterior, del nivel y profundidad de la practicada ostentosamente por Miguel Alemán Valdés (1946-52) y Carlos Salinas de Gortari (1988-94). ¿O fue superior?
En cualesquiera casos, los enjuiciamientos de Lozoya, Zerón y Duarte son apenas tres casos importantes que se agregan a los de Rosario Robles, Juan Collado y por efecto “del miedo no anda en burro”, la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia sindical petrolera, no representan todavía por desgracia la restauración del Estado de derecho y el fin de la podredumbre, mas sí podrían marcar pautas para la renovación democrática de las instituciones.
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