La situación actual de la pandemia de COVID-19 en México ha revitalizado cuestionamientos previos dirigidos al gobierno federal y a la Secretaria de Salud por lo que se percibe como un manejo incorrecto de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y un aumento alarmante en el número de contagiados y fallecidos.
Principalmente, diversas autoridades médicas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil acusan al gobierno federal y a la Secretaria de Salud, de intentar maquillar las cifras de contagios y muertes por la enfermedad y utilizar la emergencia a efectos de capital político, acusaciones negadas categóricamente por el gobierno en sus múltiples encuentros con la prensa.
En la versión sostenida por el gobierno desde el inicio de la pandemia, la cual ha visto su principal vocero en el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, se tiene como eje central de la política pública el objetivo de contener la pandemia para no saturar el frágil y carente sistema de salud, asumiendo que la reducción absoluta de casos totales es un escenario sólo posible a largo plazo.
Acerca de su estrategia, durante los meses de febrero y marzo estuvo centrada en la detección de casos aislados con miras a evitar la propagación de la pandemia. Tras la detección de casos ambulatorios que, según López Gatell, comprometieron irremediablemente el rastreo certero de la enfermedad, la estrategia cambio hacia el aislamiento comunitario, durante el periodo conocido como la "Jornada de Sana Distancia", finalizada el 1 de julio.
Hasta el momento, la información más reciente de las autoridades de salud dada a conocer el 9 de julio del 2020 durante el habitual Reporte diario sobre COVID-19 en México, reporta 7,280 casos nuevos y 730 fallecidos por SARS-Cov-2, una cifra calificada como "preocupante" y que suma a los 282 mil 283 casos totales y 33 mil 526 defunciones causadas por la enfermedad.
¿Qué se argumenta para poner en tela de juicio las cifras del gobierno? Uno de los puntos contenciosos es la contabilización de los casos. Ante el llamamiento del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de registrar exhaustivamente el número de enfermos en cada país, la Secretaría de Salud mexicana ha opuesto el método Centinela, que hace estimaciones según criterios probabilísticos.
Dicho método recibió críticas en las primeras etapas de la pandemia por presuntamente estimar un número menor de casos al real. Ante esto, el dr. López-Gatell ha afirmado constantemente que, si bien el criterio probabilístico del método centinela no fue el más adecuado, el gobierno no tiene intenciones de esconder las cifras y que aplicar pruebas a toda la población no solo es innecesario, sino inviable.
Otra cifra contenciosa es el número total de fallecidos por COVID-19, una cifra bajo sospechas de subregistro tras reportarse numerosos muertes por "neumonías atípicas" en clínicas de todo el país, muchas de ellas se atribuyen ahora a COVID-19. Ante esto, las autoridades han aducido las complicaciones para homologar criterios de identificación de una muerte por SARS-Cov-2, además de la falta de preparación y la lentitud del proceso de emisión de resultados.
Por ello, el gobierno reconoce que el número total de fallecimientos aún está por verse a la luz de otros datos, como el exceso de mortalidad observado en el país con respecto a otros años. Para esclarecer esto, se creó una comisión técnica de expertos, quienes emitirán sus resultados en los próximos días a espera de encontrar un número elevado de muertes por coronavirus no registradas.
Sobre el elevado número de muertes, las autoridades han puesto atención en factores históricos agravantes de gran peso como la comorbilidad del virus con otras enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, de alta prominencia en México, al igual que la falta de acceso al sistema de salud, a la educación y a la información que viven muchas comunidades
Aunque el gobierno ostenta éxitos importantes como una reducción del 60% de la movilidad en Ciudad de México, lo que ha acarreado el anticipado aplanamiento de la curva de contagios y, por lo tanto, las clínicas no han tenido que recurrir a la controversial medicina de triage; parece enfrentar importantes obstáculos para dar una imagen pública convincente y clara en un ambiente de desinformación, polarización política y desconfianza.