Atribuir a la ineficiencia y la corrupción la puesta en libertad de la madre del Marro, capo del Cártel de Santa Rosa de Lima, María N., por parte del presidente Andrés Manuel, fue suficiente para que el gobernador Diego Rodríguez Vallejo, de Acción Nacional que gobierna el estado desde 1991 –por medio de una concertacesión entre Carlos Salinas y la dirigencia del PAN–, lo acusara de politizar la seguridad pública de Guanajuato.
Más todavía, el octavo gobernador en la considerada fortaleza panista, tras explicar el hecho exigió a López Obrador: “Hoy (29-VI-20) desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato; aclaremos las cosas, el fiscal de Guanajuato (Carlos Zamarripa Aguirre) fue ratificado por el Poder Legislativo en el Congreso del estado de Guanajuato. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo”.
Oportuna precisión del gobernador Diego Sinhue porque supone que no es del conocimiento público que buena parte de los gobernadores concentran tal poder en los estados que la separación de poderes todavía es un anhelo y los órganos autónomos lo son de nombre. Hasta en la asignación de plazas de trabajadores de la educación tienen cuota.
Aceptando sin conceder, por qué Rodríguez puede hacer grilla barata con sus pares sobre la pandemia covid-19 y a la vez exige a Obrador que no se meta en terrenos guanajuatenses a pesar de que aportan hasta 20% de los homicidios dolosos del país.
Todo lo que se aborda y dirime en el espacio público, de suyo es político, a pesar de que los profesionales de la política y usuarios del verbo politizar (“Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. Inculcar a alguien una formación o conciencia política”), en los hechos opinan lo contrario. Ellos saben que antaño la recámara (espacio privado) se usó en exceso para el quehacer público.
A diferencia de AMLO, el guanajuatense de León aclaró que “la liberación de presuntos criminales… es señal de que ésta decisión no se comparte en todos los órganos del gobierno federal”, y pidió a la Fiscalía General de la República que instale en la entidad agencias del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Lo cual suena muy pertinente.
Se refiere el gobernador al padre, la madre, la hermana y la cuñada del bocón y violentísimo Marro, detenidos la semana pasada y liberados por falta de una orden de cateo. La historia recurrente con muchos jueces. También es oportuna la observación de Sinhue de que la FGR debió atraer el caso, porque implicaba delitos del fuero federal.
Tampoco le falta razón al presidente de México cuando con la claridad que lo singulariza y le permite comunicarse con grandes audiencias –lo que no logran todos los intelectuales y analistas orgánicos juntos–, sostiene: “Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato… tiene muy elevados índices de homicidios, es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas, el fiscal… lleva ya muchos años, 12 (10). Con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato” debería haber una renovación en la fiscalía local porque la situación es “completamente atípica”.
Así de grave y de simple. Y que nadie se rasgue las vestiduras como ya es deporte nacional entre los favorecidos del círculo verde, supuestamente los “informados” y “pensantes”.
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