La emergencia mundial asociada con la pandemia de COVID-19 ha llevado a diversos países a adoptar medidas drásticas para reducir la movilidad de su población, en un intento de disminuir los contagios en su territorio.
Algunos gobiernos se han limitado a emitir recomendaciones a su población, así como a decretar los cierres de los principales centros de concentración de personas —restaurantes, cines y teatros—. Sin embargo, algunos otros han extendido estas medidas al punto de restringir temporalmente las libertades de tránsito, e implementando sanciones penales o administrativas a quienes violen esas limitaciones.
En América Latina destacan los casos de Argentina o Colombia, cuyos gobiernos implementaron medidas de aislamiento social obligatorio, las cuales permiten a la población salir a pasear o hacer actividad física una hora al día. De manera similar, Perú decretó un toque de queda en todo su territorio por las noches, mientras que en Bolivia se desplegó a militares y policías para vigilar las calles de sus principales ciudades.
México, por su parte, se ha limitado a suspender clases y recomendó a su población que se quedara en casa. El Gobierno sólo ha llamado a detener todas las actividades laborales no esenciales, así como a suspender las actividades en espacios públicos para evitar la concentración de personas.
El 19 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó sobre los ejemplos de otros países que "nosotros no necesitamos eso, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia". Y el 3 de abril reiteró que no habrá "nada de toque de queda, nada de autoritarismo, todo por la razón y por el derecho, no a medidas draconianas y de dudosa efectividad para el propósito que tenemos".
Sin embargo, en algunas regiones de México se han impuesto estas medidas. El 29 de marzo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció el establecimiento de horarios para permitir a las personas salir a la calle, además de sanciones para quienes contagien a otras personas durante la jornada de Sana Distancia iniciada en el país desde el 20 de marzo.
Del mismo modo, algunos alcaldes en los estados de Puebla, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Guerrero y Morelos han impuesto esta medida, aunque de manera irregular. Al respecto, Víctor Manuel Martínez Bullé, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista con Sputnik que todas las medidas de toque de queda son ilegales en México.
"La Constitución marca que el único que puede suspender garantías o derechos a nivel nacional es el presidente de la República. Lo que pueden hacer [los gobiernos estatales] es dictar medidas administrativas. Incluso algunas medidas legislativas, como establecer ciertos controles y sanciones de tipo administrativo: por ejemplo, obligatoriedad del uso de cubrebocas en el transporte público, cosas de ese tipo. Pero restricción de derechos sólo se puede tomar en México a nivel del Gobierno federal y por el presidente de la república, con la aprobación del Congreso de las medidas y el tiempo que va a durar la situación excepcional", detalló.
Sin embargo, cabe preguntarse sobre las razones que han impedido al Gobierno de López Obrador a imponer medidas de este tipo en México. Para Martínez Bullé, la explicación puede encontrarse en la cultura jurídica del país.
"Sabemos que hay otros países donde se ha hecho [el toque de queda, como en España, Italia, Francia], pero también tiene un poco que ver con la cultura jurídica de esos países. Hay un apego mucho mayor a la legalidad que el que hay en el país, eso es un hecho. Hay que reconocer eso: tenemos una cultura de pobre apego a la legalidad", evaluó.
Así, la aplicación de estas medidas en México probablemente obligaría a utilizar a las Fuerzas Armadas para supervisar su cumplimiento. Esto, a su vez, acarrearía otros problemas.
"Es muy difícil enfrentar las cosas limitando derechos, porque, si la gente no lo quiere hacer, no confía en la autoridad del Gobierno, si rechaza esa autoridad, salvo que se haga con el uso de la violencia, es muy difícil contener a las personas", opinó Martínez Bullé.
Acciones de este tipo son acordes con las medidas de gobiernos autoritarios. Organizaciones como la Fundación Internacional para la Libertad han llamado la atención sobre el hecho de que la pandemia de COVID-19 puede tentar a ciertos gobiernos para la represión de derechos.
"Cualquier situación de estas es una excusa muy atractiva para los gobiernos autoritarios, que ha pasado también en algunos países, lamentablemente. Vemos que se usa este tipo de excusas para pasajes autoritarios que de repente algunos gobiernos tienen. Tienen vocación autoritaria y les viene muy bien hacerlo", coincidió Víctor Manuel Martínez Bullé.
Por ello, el investigador consideró más relevante que el Gobierno se enfoque en la provisión de servicios, así como en atender las carencias que enfrenta su sistema de salud ante la pandemia.
"Luchar contra la epidemia no se puede hacer limitando derechos: lo que se tiene que hacer es invertir en infraestructura, tener los implementos necesarios para atender médicamente a las personas. Ese es el tema, no cómo vamos a restringir derechos para [luchar contra la pandemia]", finalizó. (Jorge Cortina Montiel)
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