La observancia obligatoria de las disposiciones del Consejo de Salubridad General, un órgano constitucional, sobre la emergencia sanitaria decretada el 1º de abril, le valió padre –por qué tiene que aludirse sólo a la progenitora–, a Javier Alatorre, conductor estelar de noticiarios de Televisión Azteca, uno de los grandes negocios de Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.
Textualmente dijo el viernes 17, en Hechos, Alatorre Soria: “Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.
Como era de esperarse, un caudal de críticas generó la irresponsable exhortación a los televidentes y que van desde “el apercibimiento público” de la Secretaría de Gobernación, la exigencia de Morena y sus aliados de que el conductor y la televisora se disculpen, hasta revisar el tema de las concesiones del consorcio. En la oposición algunos comparten la revisión y otros demandan mayor energía gubernamental frente al despropósito televisivo. Entre las voces de la academia destacó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “revise la pertinencia de revocar la concesión según el artículo 303”, ya que “al Estado no le corresponde censurar”. La concesión de servicios de televisión abierta fue autorizada en 2018 para operar el canal Azteca Uno XHDF-TDT.
En las “benditas redes sociales” la crítica fue tan generalizada como ruda, deduzco, porque el presidente Andrés Manuel llamó a sus seguidores desde Palacio Nacional a “no estigmatizar a Javier”, entre otros motivos porque “es mi amigo”.
Condición de amistad que ambos se encargaron de divulgar al concluir la campaña presidencial, y a los amigos a diferencia de los familiares uno los escoge y los acepta como son o los deja. Pero un jefe de Estado no es pertinente y menos recomendable que se guíe en su actuación por sus lazos amistosos y menos cuando el presunto o real amigo –los políticos no los tienen aunque muchos cándidos van por la vida presumiendo sus amistades–, y en todo caso los cibernautas son ciudadanos que tienen derecho a expresar sus simpatías y antipatías con los hombres públicos a pesar de que lo hacen con agravios de tipo personal, como es comprensible que suceda en una república digitalizada que vive sus primeros años de destape mediático convencional y alternativo. Y como todo, terminará por asentarse, como sucedió con las películas de sexo explícito, por ejemplo, amén de las crecientes regulaciones que imponen los dueños del sector.
Para empezar el apercibimiento público de Gobernación para que el consorcio televisivo de Ricardo Benjamín, adquirido con “préstamos a la palabra” de Raúl Salinas de Gortari, implica que debe manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias vigentes. “En caso de incumplimiento, esta secretaría iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley”.
Mas el Consejo de Salubridad General también dispuso por la pandemia la paralización de labores no esenciales y todas las empresas de Grupo Azteca siguen trabajando como si nada, lo que ya provocó contagios de Covid 19 en Tepic, Nayarit, y por lo cual los consumidores tomaron simbólicamente las instalaciones.
El argumento de Salinas es que todas sus actividades empresariales son prioritarias, ya que se trata de medios de comunicación, servicios financieros, venta de energéticos, autoservicio y de seguridad. Lo que no resulta comprensible es que el gobierno de la Cuarta Transformación devuelva los tiempos fiscales del Ejecutivo al trinomio televisivo y le compre a Tv Azteca más de 3 millones de pesos de publicidad pagada sobre Susana Distancia.
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