Saqueos son actos de delincuentes, no de ciudadanos desesperados

Los saqueos a diversos establecimientos se han sumado a las dificultades económicas y sociales que vive México a partir de la declaratoria de Fase 2 en la estrategia para combatir la pandemia de COVID-19. Desde el 20 de marzo, autoridades del Estado de México comenzaron a lidiar con este problema.

Ese día, una tienda de autoservicio fue asaltada en la localidad de Tecámac y, dos días después, se reportó un incidente similar en el municipio de Ecatepec.

Desde entonces, en la Ciudad de México, así como en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán y Guanajuato se han detectado grupos en redes sociales que convocan a los usuarios a participar en el robo de comercios locales. Autoridades en el Estado de México y la capital mexicana han anunciado estrategias para prevenir y enfrentar esta situación.

En el primer caso, las autoridades llevan a cabo un ciberpatrullaje en redes sociales para detectar más grupos o usuarios que estén convocando a los saqueos. Así, resultó que uno de los 19 detenidos en el Estado de México participaba en un grupo de WhatsApp nombrado "Saqueos COVID-19", donde decenas de personas se habrían organizado para robar una tienda local. En la red social Facebook también se han encontrado grupos donde se habla de saqueos en otros supermercados.

Para Alberto J. Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, el fenómeno visto hasta este momento se refiere a actos de delincuencia realizados por pequeñas bandas que operan a nivel local.

“Son eventos organizados por grupos delictivos, no expresan todavía alguna desesperación social ni son vías de escape para la crisis que apenas está empezando. Son muy parecidos a los saqueos que ocurrieron en 2017 —cuando subió súbitamente el precio de la gasolina—, donde se concluyó que se trataba de actos de delincuencia organizada, que eran acciones concertadas por pequeños grupos".

En la capital mexicana, las autoridades de seguridad implementaron desde el 23 de marzo un operativo de vigilancia donde 6,200 agentes de la policía local se encargarán de hacer patrullajes permanentes en locales comerciales, los cuales se extenderán hasta finalizar el periodo de aislamiento por la crisis sanitaria del coronavirus.

Solo en la Ciudad de México 73 personas han sido detenidas por hurtar tiendas de conveniencia, según un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). También se destaca que, entre los objetos robados, se encuentran bebidas alcohólicas y refrescantes, cajas de cigarros, botanas y helados, así como ropa, tenis, pilas y teléfonos celulares.

Alberto J. Olvera, por su parte, destacó en entrevista para Sputnik que "en este momento, todo indica que son grupos pequeños de base quienes están llamando a los saqueos". Estas iniciativas se explican con la fragmentación del crimen en México, "por lo que es lógico que varios grupos tomen iniciativa por sí mismos para cometer estos robos", enfatizó.

Esto se corresponde con los informes de las autoridades. Resulta que varios de los detenidos en Ciudad de México fueron consignados por la posesión armas de fuego, réplicas de armas de fuego, cartuchos útiles, así como motocicletas y vehículos.

En este sentido, el investigador de la Universidad Veracruzana consideró clave no confundir los saqueos con acciones de desesperación popular. Advirtió que, si los efectos de la crisis económica se agudizan, cabe esperar un crecimiento del fenómeno.

"Si se logra controlar a las bandas que impulsan esto es posible que tardemos en ver otros saqueos, porque los efectos de la crisis pueden ser mucho peores. En ese momento es posible que ocurran nuevas acciones que combinen la desesperación con iniciativas criminales", comentó.

Como solución, el especialista propone al Gobierno implementar medidas compensatorias, en particular políticas de apoyo social a desempleados y al empleo informal a fin de evitar que cunda el descontento social. "Una respuesta rápida puede ayudar a frenar este tipo de acciones, pero no está claro lo que el Gobierno piensa hacer al respecto. Esto preocupa, porque cualquier política social toma tiempo en implementarse por su alto grado de complejidad", concluyó.