Cincuenta organizaciones sociales y no gubernamentales así como un número similar de activistas y académicos, buscan que las autoridades mexicanas y el sector privado del país acuerden suspender el cobro de alquileres así como los desalojos de viviendas y comercios pequeños, ante el avance del COVID-19.
Mientras, México entra en la fase dos de la pandemia de coronavirus, un nivel al cual se llega cuando ya se cuentan con casos de transmisión local, aplicando las pruebas de diagnóstico a todas las personas que manifiestan la sintomatología conocida del virus, sin importar que no hayan tenido contacto con personas del exterior o infectadas.
"Garantizar el derecho a la vivienda en el presente contexto es un factor de gran importancia para impedir daños irreparables a la salud y la vida de las personas. De la misma manera es fundamental garantizar políticas sociales adecuadas que enfrenten la crisis", sostuvieron en el comunicado.
Este pedido es también producto del contexto de expulsión y despojo que han sufrido miles de familias en la capital mexicana, a raíz de una serie de desalojos arbitrarios que han arremetido contra los pobladores históricos en favor de terceros, sin exigirles probar fehacientemente la propiedad de estos edificios en disputa.
Las organizaciones firmantes exigen cuatro medidas urgentes para alivianar el peso del costo de la vivienda de las familias, en un país con una enorme economía informal y que va camino a una dura recesión económica:
- Suspender los desalojos en todo el territorio nacional porque al expulsar personas a la calle implican un riesgo sanitario y agravan el escenario ante la pandemia; exigen a las autoridades para "velar porque ningún privado aproveche la emergencia para llevarlos a cabo a través de personas indebidas".
- Suspender el pago de rentas de inmuebles usados para vivienda y pequeños negocios familiares y de suministros básicos; así como suspender el pago de las hipotecas y préstamos de vivienda para conservar el capital de los hogares mexicanos.
- Otorgar alternativas de vivienda a todas las personas recluidas, incluyendo a los miles de migrantes que están privados de su libertad en Estaciones migratorias en graves condiciones de hacinamiento.
- Suspender los cortes de los servicios de agua y saneamiento, así como atender las condiciones sanitarias en los asentamientos precarios del país.
Este reclamo sobre el acceso al agua potable como medida efectiva para prevenir el contagio del COVID-19 en la capital mexicana, ya tuvo en su primera manifestación frente a la alcaldía de Coyoacán, organizada por los vecinos del Pedregal de Santo Domingo.
Medidas similares han sido tomadas en países latinoamericanos como Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro anunció este domingo 22, la suspensión del pago de alquileres durante los próximos seis meses a partir de marzo de 2020.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández promueve la reapertura del Congreso para aprobar una ley que suspenda los remates de casas hipotecadas y los desalojos de familias que no puedan hacer frente a los pagos de alquileres.
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