“Cuando menos” 6 mil carpetas de mujeres están sin investigar y, en consecuencia, los presuntos responsables permanecen en la impunidad, estima la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas la violencia cobra la vida de 10 mujeres mexicanas cada día.
Son dos datos duros que por sí mismos pintan la extraordinaria magnitud del problema cultural, político, educativo, social, religioso y mediático de la violencia contra las mujeres y que tiene como punto de partida el hogar y la familia.
La secretaria de Gobernación, lo asume sin regateos. El Estado mexicano llegó tarde para hacer frente a la violencia contra las mujeres; reconocemos que “han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema”. Propuso Olga Sánchez Cordero “elevar el tema a máxima prioridad nacional” y como elemento clave recomendó “la búsqueda inmediata de cualquier mujer reportada como desaparecida, medie o no una denuncia en fiscalías”.
Después del abominable asesinato de Fátima, la niña de siete años de edad, y las reacciones suscitadas en diversos ámbitos y que involucran a mujeres y hombres, podría, insisto podría, marcarse un antes y un después en la conducta del Estado –que incluye a la sociedad, conforme a la definición más extendida– mexicano ante el feminicidio en creciente y peligroso incremento.
Así lo permite visualizar la reacción en cadena que suscitó el compromiso presidencial formulado la mañana del jueves 20, de respetar la iniciativa de “Un día sin nosotras” el 9 de marzo, enseguida del Día Internacional de la Mujer, brindando todas las facilidades para su exitosa cumplimentación sin que medie ninguna sanción o represalia, ningún tipo de descuento salarial por ejercer el derecho al paro nacional.
Gobiernos de los estados, órganos autónomos, los poderes Legislativo y parcialmente el Judicial, así como alcaldías y partidos que se oponen dogmáticamente a la maternidad voluntaria, replicaron la conducta del presidente Andrés Manuel hasta llegar a la muy plausible propuesta del gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis ya como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, a López Obrador de visita de trabajo en La Paz, para realiza una reunión urgente “para dar una respuesta contundente de Estado y homologar el tipo penal de feminicidio”.
La respuesta presidencial no se hizo esperar: Es muy importante hacer una alianza, como estamos obligados a hacerlo para lograr la paz”. Y propuso “No darle ninguna oportunidad a la violencia y, de manera especial, rechazar, repudiar, impedir, castigar todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, sobre todo el feminicidio", que escucharon sólo 15 gobernadores presentes de un total 32.
Darle vida a “un antes y un después” estará en estrecha dependencia del curso que tome la alianza propuesta por la Conago al presidente, las formuladas por doña Olga y las exigencias puntuales del centenar de organismos que, según CIMAC Noticias exigen “Hechos, no palabras” (facilitar las condiciones para que como nunca un paro nacional sea exitoso ¿son palabras?), como el Plan Emergente para garantizar la integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, y el Acuerdo Nacional entre Mujeres y Hombres, pero que indebidamente todavía no son publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Sólo si se trascienden los desplantes de violencia y las rijosidades, si se construyen caminos en forma mancomunada será posible el indispensable viraje en la conducta de los mexicanos hacia la violencia contra las mujeres.
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