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La sombra de la corrupción cubre al Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. En menos de un año, Genoveva Huerta Villegas concentró en dos empresas gastos por 11 millones de pesos. Tal recurso fue ejecutado por una empresa cuyo tamaño reportado ante el Sistema de Administración Tributaria no corresponde a la cantidad de ingresos.
La empresa H2 Company no solo fue la empresa consentida por parte de Huerta Villegas en cuanto a la contratación de espectaculares, como ya ha sido informado por este y otros medios de comunicación, sino que a lo largo del año le ha utilizado para labores distintas a la impresión de publicidad que suman 7’625,000 pesos.
Esas acciones distintas al carácter publicitario son “Servicios de Logística” para la organización de distintos mítines en el estado. La Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral ha investigado durante campañas electorales a diversos actores, entre ellos al PAN estatal y otros partidos. Los servicios de “Logística y Organización de Eventos” son los más socorridos por las empresas de facturación falsa.
El dinero del PAN estatal fue ejercido durante el periodo de la campaña electoral de este año. Justamente es durante el periodo de campañas en el que mayor financiamiento y gasto ilegal se comete, según el estudio Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México.
En esta investigación de la agrupación Mexicanos contra la Corrupción e Integralia, una de las prácticas más comunes de desvío de recursos públicos es la creación de empresas fachada. Dichos fondos son aprovechados a través de sofisticados entramados de empresas que sirven para financiar campañas electorales.
Genoveva Huerta aprovechó el momento. Junto con H2 Company, que tiene como representante legal a Jorge Javier Zambrano Morales, la panista benefició de manera sospechosa a otras personas con contratos millonarios. Por ejemplo, Citlalli Barrales Fuentes recibió por parte del PAN estatal más de 2.5 millones de pesos por “impresos y material de papelería”.
Resulta significativa la modificación ligera de los conceptos de facturación. Diversos auditores consultados por Imagen Poblana detallan que el cambio en los conceptos de facturación obedece a una estrategia de prevención, para que cuando el auditor revise las erogaciones, no mande a licitaciones públicas los gastos y entonces queden los mismos “en casa”.
Dicho de otra forma, Genoveva Huerta debió hacer una serie de licitaciones nacionales para ejecutar correctamente el gasto del partido, pero eligió fraccionar en distintos contratos y empresas el monto total de la publicidad ejecutada en campaña.
Lo sospechoso es que los gastos fueron ejecutados por empresas pequeñas, cuyo nivel de funcionamiento no coincide con el rango de facturación.
También resulta sospechosa la contratación de Barrales Fuentes debido a que hay un contrato gigante para “Papel-lito Proyecciones SA de CV” por más de 1 millón de pesos, que ofrece servicios de Papelería en General, los mismos servicios que Barrales Fuentes o H2 Company.
De acuerdo con los análisis de la Unidad de Fiscalización del INE, las principales formas de financiamiento ilícito documentadas son desvío de recursos públicos por medio de empresas fantasmas, lavado de dinero y aportaciones ilegales de personas morales.
“Hemos documentado que hay pagos a estructuras partidistas a través de empresas, con frecuencia empresas fachada o fantasma, que a su vez recibieron recursos de entes públicos. Detrás de toda trama de financiamiento paralelo de la política, aparece el desvío de recursos de los contribuyentes”, dijo Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, durante la firma del convenio con la Auditoría Superior de la Federación.
En su momento, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad Técnica Financiera del SAT, admitió que en los últimos dos años de su gestión al frente de la unidad de Fiscalización del INE el número de investigaciones por empresas fantasmas aumentó respecto a la administración pasada.
La investigación sobre Huerta Villegas que podría iniciar el INE a petición expresa, coincidiría con la advertencia de que en un lejano 2018 hizo el propio Nieto Castillo: “El INE ha desarrollado modelos de auditoría forense que permiten conocer de recursos no reportados, lo cual es un primer paso para el combate al financiamiento ilícito”.
