El presidente Andrés Manuel instruyó la tarde del sábado al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, durante un acto realizado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a organizar una consulta ciudadana sobre la construcción o no del Tren Maya, magna obra sexenal estimada en 120 mil millones de pesos del presupuesto de la Federación y que debería empezar a edificarse en enero próximo, previa licitación en diciembre de 2019.
Lo hizo tras las observaciones que recibió en Temozón, Yucatán, por Rosalía Pool Pat, representante de la etnia maya, quien pidió: Queremos participar en las consultas para que todos los mayas tengamos beneficios justos. Y alertó a López Obrador sobre especuladores de tierras que “pretenden despojarnos de nuestro patrimonio con el pretexto del Tren Maya. Por eso pedimos asesoría y apoyo, señor presidente”. AMLO le aseguró que los pueblos originarios siempre serán consultados.
Por la tarde, en Quintana Roo, Obrador reaccionó en forma plena a las peticiones matutinas formuladas en Yucatán sobre la obra que incluye un circuito ferroviario de 1 500 kilómetros de vía para llevar más turistas a toda la península, en los siguientes términos: “¿Saben qué? Si es así, mejor no lo inicio porque yo no voy a dejar una obra inconclusa… Si la gente dice: ‘vamos’, vamos; si la gente dice ‘no’, no vamos. Pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de intereses creados que nada más están viendo en su provecho”.
Y procedió a medirle el agua a los camotes con una votación a mano alzada en la que obtuvo amplísima mayoría la construcción del Tren Maya, previa solicitud presidencial de “A ver, a ver, piénsenlo como son ustedes: mujeres, hombres libres, no borregos”.
Lo anterior después de que el titular del Ejecutivo advirtió que si la población de la Península de Yucatán expresa –en una consulta– su oposición a la gran obra, ésta no se realizará, porque resultaría contraproducente enfrentar amparos, como ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía y, eventualmente, dejaría una obra inconclusa. No sería deseable que por mezquindades empiecen a llover los amparos, “como los 140 recursos promovidos por una oposición pequeña pero latosa, de lo más chueco”.
“Las mezquindades” de una “oposición pequeña” pero “de lo más chueco”, están sustentadas en una estrategia frente a la Cuarta Transformación, el desenvolvimiento de lo que analistas como Pablo Cabañas, denominan “lawfare” (guerra jurídica) que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo la victoria en acometidas de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, e inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. Tal y como se aplicó frente a la docena de mandatarios procedentes de las izquierdas y el progresismo en América Latina de 1998 a 2011 y aún ahora.
Cabañas Díaz percibe como arquetipo del “lawfare” en México, el estudio “Legalidad contra las cuerdas”, patrocinado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común, en colaboración con la revista Nexos.
De ser así, resulta previsible que el también denominado cártel de los amparos, promovido por los Claudio X. González (Laporte y Guajardo), dueños de Kimberly Clark México, hagan su reaparición en el sureste mexicano y en cualquier región donde sus intereses plutocráticos estén en riesgo.
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