La final de la Copa Libertadores de América se disputará entre River Plate y Flamengo a fines de noviembre en Santiago, pese a las protestas masivas que se han registrado en el país en los últimos días y que dejaron 20 muertos, dijo este miércoles en conferencia de prensa la ministra de Deporte, Cecilia Pérez.
"Le he ratificado al presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol) nuestro firme compromiso y voluntad de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país", informó la ministra.
A pesar de que algunas reuniones internacionales importantes se cancelaron en Chile debido a las masivas protestas ciudadanas, el Gobierno decidió mantener el partido entre el equipo argentino y el brasileño, que se jugará el sábado 23 de noviembre en el Estado Nacional de Chile.
"Se encuentran todas la coordinaciones que se necesitan en materia de seguridad. El futbol es uno de los tantos deportes importantes en Chile, vamos a estar trabajando en conjunto con el Ministerio del Deporte para llevar adelante este importante evento deportivo", afirmó la ministra.
Durante la misma jornada, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó su decisión de suspender las cumbres del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la 25 Conferencia de las Partes (COP25) que se realizarían en el país sudamericano en noviembre y diciembre, también por las protestas.
Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) informó esta semana la decisión de suspender un encuentro internacional de género y mujer que se llevaría a cabo en los próximos días en Santiago.
Las movilizaciones comenzaron el lunes 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por Piñera.
Sin embargo, las protestas no amainaron, y abarcando reclamos sociales mucho más profundos y estructurales tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y "cacerolazos".
Para imponer el orden, Piñera decretó toques de queda y el estado de emergencia, lo que permitió desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles; el mandatario levantó ambas medidas el sábado y el lunes, respectivamente.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias de torturas, abusos de poder, golpes y detenciones de militares a civiles.
Del total oficial de fallecidos, cinco perdieron la vida a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
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