El primer corte de caja sobre la lucha del gobierno de la cuarta transformación frente a la inseguridad pública, presentado el lunes 14 y reforzado el martes 15 con respuestas a las preguntas de los colegas, tuvo una recepción de insatisfacción, respaldada en la propia y desafortunada afirmación del secretario de Seguridad Alfonso Durazo de que no existe “nada para festejar”.
El hecho es que si no le encontramos ninguna valoración para persistir en la puja por la seguridad del gobierno y la sociedad –mientras la segunda no se involucre a fondo no existirán soluciones perdurables al carísimo tema–, entonces significará que no tienen ningún valor el hecho de que el robo de vehículos se redujo en 1.7% –“es marginal”, dicen analistas televisivos que, por cierto, se repiten en la televisión pública y la duopólica–, o bien que el robo como delito genérico se redujo 2.3%, que de forma desagregada el asalto a transeúnte disminuyó 7.3% y a transporte de carga 6.3%. Si tales porcentajes no tienen valor, con independencia del gobierno que los logre, significará que estamos perdiendo capacidad para discernir los hechos por encima de las filias y fobias políticas, las simpatías o antipatías hacia el gobierno de la 4T o antes el de “Mover a México”.
Siempre me sorprendió que los muy buenos resultados en materia de seguridad pública obtenidos en 2012-15 (hasta antes de julio) de repente la tendencia se invirtiera en términos negativos y los expertos no se molestaran en estudiarlo y menos aún explicarlo a las audiencias. A lo que más llegó Eduardo Guerrero Gutiérrez fue a sostener que “se confiaron” en el gobierno de Enrique Peña, actitud que por lo visto persistió hasta el 30 noviembre de 2018. Es el mismo experto que hoy asegura que el huachicoleo disminuyó 40% y no más del doble como asegura el presidente Andrés Manuel. “En cualquier caso es muy alta la disminución”, le advierten y guarda silencio.
Algo semejante sucedió con el invaluable dato de que el índice de letalidad de las fuerzas armadas disminuyó respecto a los muy altos niveles que tenía hace más de 10 años, información que es preciso detallar más, y enseguida se le fueron a la yugular a la Secretaría de la Defensa Nacional como si un solo hecho alterara una conducta oficial muy reiterada.
Para ello los críticos se apoyan en el enfrentamiento ocurrido el día 15 en la comunidad de Tepochica, Iguala, Guerrero, donde murió un soldado y 14 agresores civiles, pero en donde la Sedena explica que los elementos de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, actuaron conforme a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.
Todo indica que el grupo de soldados circulaba por un camino vecinal y se encontraron de frente con un convoy de vehículos civiles, cuyos ocupantes iniciaron la agresión con disparos de arma de fuego. Los uniformados repelieron el ataque, ocasionando la muerte de 14 de los agresores. En la refriega resultó herido un cabo perteneciente al 27 Batallón de Infantería, quien fue llevado a un hospital de Iguala, donde perdió la vida. Detalla que el militar se desempeñaba como tirador y elemento de seguridad del primer vehículo; su función principal era “proteger a sus compañeros de armas y permitir que adoptaran un dispositivo de seguridad, poniendo de manifiesto con este hecho su valor, lealtad institucional, celo profesional y entereza, así como su elevado nivel de adiestramiento, lo que evitó más bajas”.
La pregunta que debemos hacernos es si a un cabo herido y con tales responsabilidades se le puede exigir todo lo contrario a lo que hizo en el tránsito directo a la agonía.
.gif)