Alcanzar un punto de inflexión en la tendencia creciente de los índices delictivos es harto importante. Lo es más si el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel logra repetir hasta consolidar las tendencias decrecientes en homicidios dolosos, robo de automóviles y robo como delito genérico (autos, transeúntes, domicilios, etcétera).
En el primer caso, homicidio doloso, si bien no se detuvo el alza, sí se redujo la tasa de crecimiento, pues en 2017 fue de 1.7%, en 2018 de 0.8% y en este año se ubica en 0.4%. Guanajuato (9.2%), Baja California (9.1%), estado de México (8.9%), Jalisco (7.2%) y Chihuahua (7.2%) concentran el 41.5% de los homicidios dolosos. Y dentro de ellos un número específico de municipios que no son la mayoría.
El robo de vehículo se redujo en 1.7%, cuando en enero de 2018 se reportaron 15 mil 980 casos. Para enero de 2019 bajó a 14 mil 222 y en agosto aún más al ubicarse en 12 mil 267. El reporte de Alfonso Durazo indica que 26.9% de los robos de autos son cometidos en estado de México, 11.5% en Jalisco, 9% en Baja California y 7.3% en Ciudad de México.
Entre enero y julio de este año –abundó Durazo Montaño en Palacio Nacional el lunes 14 en forma por demás atropellada “en ahorro de tiempo”, aunque corrigió el martes 15, día en que respondió a preguntas de los colegas–, el robo como delito genérico se redujo 2.3%. De forma desagregada el asalto a transeúnte disminuyó 7.3% y a transporte de carga 6.3%.
Son avances que si reproducen y consolidan las tendencias podrían marcar un antes y un después en el sanguinario túnel en que fue introducido el país el 11 de diciembre de 2006 con la guerra contra el narcotráfico, montada autocráticamente para que Felipe Calderón fuera legitimado en la Presidencia de México que todo apunta se la robó; pagara la factura por el apoyo intervencionista de la petrocracia tejana comandada por George W. Bush –el genocida de Afganistán e Irak– y empezara a medio responder al clamor ciudadano de mayor seguridad.
Para el secretario de Seguridad Ciudadana no hay “nada para presumir” ante la enorme inseguridad pública y acaso tenga razón, pero los desplantes de humildad después de lo que prometió durante 2018 no son oportunos ante el logro de un punto de inflexión en las tendencias al alza de la inseguridad pública. Y un discurso optimista que valore lo avanzado para persistir en los enormes pendientes, puede hacer la diferencia.
En particular cuando también el índice de letalidad de las fuerzas armadas disminuyó respecto a los muy altos niveles que tenía hace más de 10 años. Simultáneamente a que persiste, como lo reconoce Durazo Montaño, el control de las cárceles de los estados y para lo que es preciso terminar con “el autogobierno”, pues desde ellas se administra 50% del crimen organizado. También perdura el clima de agresión e intolerancia contra defensores de derechos humanos y periodistas en varias regiones, como lo evidencian los 179 ataques que produjeron el asesinato 23 activistas y 15 comunicadores. Y esto pese a que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registra mil 39 beneficiarios –691 activistas y 348 comunicadores–, lo que representa un crecimiento demasiado significativo.
Y ante todo ello, legisladores de las desarticuladas oposiciones sólo atinan a denunciar “la falta de estrategia de seguridad nacional”, porque no se atreven a defender la de Felipe calderón y Enrique Peña, igual de guerreristas aunque con sus matices.
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