Las autoridades mexicanas deben aplicar la Ley General Contra la Tortura y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, dijo este miércoles la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en el día internacional contra ese tormento.
"Sin embargo, dichos instrumentos normativos continúan sin ser efectivamente aplicados, lo que tiene por consecuencia que la tortura siga siendo uno de los elementos principales que erosiona al Estado de derecho y al sistema de justicia" en el país latinoamericano, dijo la oficina permanente.
Como lo refirió Bachelet al término de su visita a México, en abril pasado, las autoridades mexicanas "deben laborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura", que según las investigaciones es un problema "crónico y generalizado", dijo la oficina permanente de Acnudh que encabeza Jan Jarab.
El representante de esa agencia de la ONU considera que el nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "tiene la oportunidad de revertir uno de los problemas más graves que enfrenta el país y dejar atrás una conducta enraizada en el sistema de seguridad y de justicia".
A la voluntad que el mandatario ha expresado "se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura", sostuvo el representante de Bachelet.
La persistencia de los malos tratos y penas degradantes perpetrados por autoridades "ha motivado serias preocupaciones por parte de organismos de derechos humanos y es fuente de consternación social cuando se evidencia su comisión", dice el posicionamiento en la fecha internacional.
Entre las principales obligaciones del Estado mexicano contra la tortura, Jarab menciona "el deber de emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica".
Para cumplir con sus obligaciones considera urgente crear las fiscalías o las unidades de investigación especializadas que la Ley General obliga a crear.
Jarab señala que esas unidades deben estar "dotadas de los recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan sancionar a todos los responsables, incluyendo a los superiores jerárquicos", de estas prácticas "deplorables".
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