Con la detención de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, en Mallorca, España, con fines de extradición, y la ficha roja que emitió la Interpol para detener a Emilio Lozoya, “no hay persecución política” en la cuarta transformación, si nos atenemos a lo dicho por el presidente Andrés Manuel.
Más aún, López Obrador estimó que son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se deben castigar en el caso de que así lo determinen los jueces; ratificó su convencimiento de la ruta del punto final y reafirmó como lo hace desde que fue presidente electo y no pocos opositores en papel de analistas persisten en tergiversarlo, que se trata de procesos que se habían iniciado durante el gobierno de Enrique Peña. Y reafirmó AMLO que “Nosotros dijimos que tampoco íbamos a detener ningún proceso”.
Tal es el caso de la compra que a sobreprecio realizó la saqueada paraestatal Petróleos Mexicanos cuando Lozoya Austin era director general, de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México de Ancira Elizondo, empresa ésta que era del Estado y Carlos Salinas le vendió a precio de ganga, algunos sostienen que el magnate es prestanombres del expresidente.
A seis meses de que el gobierno de la 4T puso en el centro como nunca antes la lucha contra la corrupción, surgen como hongos analistas del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio que, envueltos tardíamente en el lábaro de la anticorrupción, exigen a AMLO que “rompa con el pacto de impunidad”, que según el estratega de Ricardo Anaya, Jorge Germán Castañeda, incapaz de ejercer la autocrítica al papelón que jugó, y el trío que forma con Héctor Aguilar y Leo Zuckermann, además de sus distinguidos alumnos, rige la relación entre el actual y el anterior gobierno.
Exigen que el presidente rectifique la ruta del punto final, y enfrente a los peces gordos de la corrupción, hasta llegar a Peña Nieto, al que por cierto ellos y las empresas para las que analizan proyectaron como gobernador mexiquense, le armaron una telenovela rosa, lo encumbraron como candidato del Partido Revolucionario y como presidente de México. También ovacionaron con palabras e ideas sin límite las 13 reformas estructurales, particularmente la energética que postró a Pemex y la educativa que estigmatizó a los profesores. Pero muerto el rey, ahora lo quieren en la cárcel.
No reparan en límites y formas. Discursean tanto sobre el Estado de derecho, que pareciera se refieren al de derecha, sobre todo cuando exigen al titular del Ejecutivo que cumpla funciones y tareas que son de la estricta competencia del Ministerio Público federal, porque olvidan por conveniencia que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y que su titular tiene claras sus obligaciones y limitaciones legales, como dijo Alejandro Gertz a pregunta expresa de Carmen Aristegui, “no estaríamos aquí” si nuestras investigaciones estuvieran acotadas por las decisiones del presidente, a quien reconoció ampliamente el respeto al trabajo y la autonomía de la FGR.
“Todo ha sido bla, bla, bla” hasta hoy en la lucha contra la corrupción, jura el doctor Leo quizá porque aún no se entera de la decisiva batalla contra el huachicol energético, dirigido desde las oficinas de Pemex. O el llamado huachicol de la salud que con todo y desatinos delicados, ahorrará miles de millones de pesos al erario. Mas como se trata de hacer oposición política más que análisis, tipo Pablo Majluf, pues los señores privilegian las directrices para que los ciudadanos “no se entusiasmen tanto y exijan más”.
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