El gobierno de España anunció hoy una serie de medidas para controlar el sistema de pagos del gobierno autónomo de Cataluña, en el noreste del país, ante lo que considera una desobediencia para impulsar su proyecto independentista.
El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó en su reunión semanal de este viernes las medidas, que incluyen una petición a los bancos para “que no colaboren con actividades ilegales” (relacionadas con el referéndum que organiza el gobierno catalán para el 1 de octubre próximo).
Además, solicitó a las entidades de crédito que exijan a la Generalitat que cualquier pago vaya acompañado de un certificado de la Intervención General, y que “si detectan cualquier irregularidad, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal”.
El gobierno justificó estas medidas debido a que las instituciones catalanas han decidido vulnerar el ordenamiento constitucional con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación y reglas para su convocatoria.
Además, se suma el hecho de que el gobierno de Cataluña informó el jueves al Ministerio de Hacienda y Función Pública que dejará de enviar sus informes semanales de gastos, como tenían acordado las partes, algo que también calificó como desobediencia.
El ejecutivo de Mariano Rajoy asume con estas medidas el pago por servicios públicos, busca que se garantice la estabilidad presupuestaria y se proteja el interés general.
En una nota informativa, explicó que “el contexto político y jurídico de enorme gravedad” en Cataluña “puede perjudicar la recuperación económica en España”.
“Organismos, entidades y agencias de calificación insisten estos días en que la crisis política provocada por el conflicto creado por la Generalitat supone un factor negativo también para la prima de riesgo” de la deuda en mercados secundarios, expuso.
El gobierno español da a la Generalitat 48 horas para emitir un acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales.
La medida implica que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales, y deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a tales servicios fundamentales.
Asimismo, a los proveedores de la Generalitat se les solicitó presentarse al punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.
