Foto: Enfoque
De la misma manera en que el gobierno federal estableció un acuerdo con los partidos políticos para mantener sólido el Pacto por México mediante la protección de los recursos de programas sociales para que estos no sean utilizados con fines electorales, el gobierno de Puebla pretende establecer una medida similar, la cual ya cuenta con el respaldo del PRI.
Luis Maldonado Venegas y Fernando Moreno Peña tienen una relación de amistad desde que trabajaron juntos en la campaña de Francisco Labastida Ochoa a la presidencia, según reconoce el propio delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Esta relación ha permitido que los acercamientos entre Maldonado Venegas, hoy secretario general de Gobierno, y Moreno Peña fluyan de manera natural. Incluso, el primer encuentro con los líderes priistas buscado por el jefe del gabinete estatal fue aceptado sin problemas y efectuado en el restaurante Casa Reyna.
Ahora, el segundo encuentro pretende avanzar en cuanto al establecimiento de las medidas para proteger el uso ilícito de los programas sociales. Moreno Peña se mostró renuente a hablar de los términos que puedan acordar ahora.
Dijo que ese tipo de diálogos son de tipo privado, pero ofreció informar sobre los acuerdos tomados. “Esperaremos ver en qué términos se da este encuentro para después fijar una postura”.
Moreno Peña criticó al gobierno del estado por intervenir con su presencia en la elección de este año, pero cuando fue cuestionado respecto a si esta emulación del Pacto por México permitirá limitar cualquier posible irregularidad, el delegado respondió solamente que espera que se autolimite el gobierno del estado con el uso de recursos públicos.
La semana pasada, los dirigentes de las tres fuerzas políticas que conforman el “Pacto por México” instalaron la comisión plural nacional para la preservación del entorno político para blindar los comicios en 14 entidades donde este año habrá elecciones.
No obstante, la agrupación Transparencia Mexicana, al elaborar un informe especial sobre estos mecanismos de queja y denuncia en materia electoral establecidos para los programas sociales en los gobiernos federal y estatales, dijo que son “insuficientes”.
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