Funcionarios “bananeros”

Ahora que se ha descubierto la cadena de corrupción y sobornos que le facilitó a la cadena Wal-Mart un crecimiento multimillonario en nuestro país, gracias a funcionarios “maiceados” en todos los niveles y en distintos puntos del país desde el año 2005 al 2011, poco a poco se han ido destapando distintos accesos hacia estas cloacas, siendo el caso que uno de ellos podría estar aquí mismo, en la Ciudad de Puebla.   El caso de la construcción de una sucursal de Wal-Mart en terrenos de la unidad habitacional La Margarita es un ejemplo de cómo sin importar las advertencias institucionales, la inconformidad social y las limitantes legales, al final del día parecen importar más los intereses de un consorcio internacional, cuyos representantes en México son capaces de repartir fuertes sumas en dólares para librarse de las “molestias” que significan las normas en materia de desarrollo urbano, obras públicas y explotación del suelo.   El proyecto de un Wal-Mart en la zona de La Margarita sin duda es bastante lucrativo. De edificarse, sería el único enclave comercial de mediano nivel al alcance de un público que hoy no tiene otras alternativas cercanas. Los fraccionamientos que integran la zona de La Calera y los que están en el camino al Batán, están mayoritariamente ocupados por colonos con un poder adquisitivo de medio a alto, habiendo un notable nicho de mercado toda vez que los únicos centros comerciales son Soriana al final de la avenida Cadete Vicente Suárez, o la sucursal de Wal-Mart ubicada en los límites de San Manuel y la zona dorada.   Se entiende pues que haya tanto interés de parte de los ejecutivos del consorcio internacional por abrir en terrenos de La Margarita; y sería tal el volumen del negocio, que los representantes de la empresa serían perfectamente capaces de ofrecer “ayudas” o “dádivas” a los servidores públicos que puedan y quieran respaldar sus intereses. Hoy, a la luz de las nuevas revelaciones de corrupción corporativa de Wal-Mart México, queda claro que algo turbio ha existido en torno a la sorprendente agilidad con la que las autoridades municipales de Puebla han despreciado las objeciones a construir una sucursal en La Margarita.   Hoy son muchas las preguntas sobre la mesa. ¿Por qué dar permisos, cuando los terrenos corresponden al patrimonio de la unidad habitacional?, ¿por qué ignorar deliberadamente los dictámenes de la Comisión Nacional del Agua, que advierten sobre los riesgos de edificar en dicha zona?, ¿por qué dar prioridad a una tienda departamental, por encima de ocupar el espacio como área verde o zona deportiva?, ¿por qué se ignoraron los reclamos de los vecinos durante la pasada administración municipal llevada por Blanca Alcalá, y por qué se ignoran hoy que es otro partido y otra persona quien administra la capital?   El escándalo de Wal-Mart involucra sobornos a funcionarios mexicanos por 24 millones de dólares. Afortunadamente, más allá de un trabajo periodístico publicado por The New York Times, ayer otro rotativo estadounidense, The Washington Post, informó que el Departamento de Justicia de aquel país abrirá una investigación penal a Wal-Mart por prácticas corruptas. Y decimos que afortunadamente, porque quizá de estas investigaciones deriven nombres y apellidos de aquellos funcionarios mexicanos que se prestaron a enriquecerse ilícitamente para facilitar la apertura de nuevas unidades de negocio para la trasnacional.   No hay que manejar nombres todavía, pero es un hecho que en nuestro país, con todo y los discursos oficiales sobre honestidad y rendición de cuentas, todavía abundan los funcionarios “bananeros”, es decir aquellos que sin pudor se prestan al soborno para permitir la explotación indiscriminada e ilegal de aquello que pertenece a una comunidad. Ante la existencia de mayores órganos de control institucional que dificultan la manipulación del erario, muchos funcionarios prefieren obtener “ingresos adicionales” de manos del sector privado, llámense diezmos o sobornos como los entregados por Wal-Mart, incluso en las manos aparentemente más “blancas”.   Mención aparte tiene el hecho de que las prácticas comerciales de Wal-Mart, una vez funcionando la sucursal, están muy lejanas de la responsabilidad social y la ética de negocios que dicen promover. El reciente escándalo de los sobornos detonó en todo México una lluvia de señalamientos por parte de los proveedores de mercancías, que coinciden en decir que el gigante comercial les solicita constantemente dinero para eventos y promociones que sólo hacen quedar bien a la tienda, bajo la amenaza de ser vetados en caso de no colaborar.   Otra práctica común en Wal-Mart es que los propios encargados de compras, presuntamente piden cantidades a los proveedores para mantenerlos vigentes en la tienda, para darles mejores áreas en los anaqueles, islas de exhibición e incluso para mantener su reputación intacta como fabricantes de algún producto. Y si ello fuera poco, el consorcio acostumbra devolver los productos no vendidos, por lo que una “compra” de Wal-Mart no es otra cosa que una mera consignación de mercancía en la que el vendedor tiene pocas garantías.   Sabiendo lo anterior, se entiende que los operadores de este grupo comercial hablen el mismo idioma que los malos servidores públicos, esos que aceptan dar licencias de funcionamiento, cambios de uso de suelo y permisos de construcción a macro tiendas que ni son indispensables para la comunidad ni generan empleos bien remunerados ni devuelven en términos reales algo de lo mucho que le quitan a la gente.   No debemos ser antagonistas de lo transnacional ni negar las altas ventajas que tiene captar inversiones extranjeras que colocan a nuestro Estado en la mira de los mayores generadores de empleo. Al contrario, está visto que México no tiene todavía la capacidad de generar con recursos cien por ciento nacionales la riqueza que se necesita para mantener el dinamismo económico, el empleo y el ingreso.   Lo que no se vale, es que malos servidores públicos pacten con grupos que navegan bajo banderas blancas, pero que propician prácticas censurables dentro y fuera de su organización. Ojalá que ya hubiesen trascendido nombres; pero Usted ya sabe qué funcionari@s municipales tienen más propiedades que las que podrían haber comprado con sus “modestos” sueldos oficiales. Juzgue por favor, para que esto no se vuelva a repetir.