Académicos mencionaron que el espionaje no debe ser una función del gobierno estatal, sino de la federación que es la que tiene facultades para combatir el crimen organizado.
En conferencia de prensa, Germán Molina y José Alfredo Arroyo, del Instituto de Ciencias Jurídicas, mencionaron que el estado no tiene ni la estructura ni los recursos, ni gente confiable para intervenir las llamadas telefónicas.
En ese sentido, sugirieron a los diputados locales no aprobar por aprobar la iniciativa de espionaje, solo porque la haya enviado el gobernador Rafael Moreno Valle, sino a realmente discutirla en las comisiones.
Comentaron que como académicos no preparan ninguna contrapropuesta, pero tampoco están a favor o en contra de la actual iniciativa, sino más bien consideran que antes de andar interviniendo llamadas telefónicas, la administración estatal debería ponerse a trabajar para reducir la incidencia delictiva del fuero común.
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